El Partido Independentista Puertorriqueño siempre ha procurado el respeto a la voluntad del electorado puertorriqueño. Ante el desastre que supone para nuestro ordenamiento electoral el vigente Código, desde el 2021 hemos propuesto sentarnos en una mesa con todos los actores electorales para establecer uno nuevo que recupere la confianza en el electorado.
El proceso electoral del siglo XXI se caracteriza por tratar de eliminar o limitar las minorías estableciendo medidas arbitrarias. Así lo comprueba el Código Electoral del 2011, que redefinió el concepto de balance electoral de manera amañada en busca de entrampar a las minorías y disminuir su participación en la Comisión Estatal de Elecciones, además de prohibir las candidaturas coligadas. Desde entonces, la aprobación de nueva legislación electoral se ha distinguido negativamente por el conveniente olvido de algunos políticos de que en un país conviven mayoría y minoría.
El contundente mensaje de los resultados de las pasadas elecciones a favor de exigir la inclusión de una pluralidad de voces en la toma de decisiones obliga a una nueva ley electoral que atienda, entre otros asuntos, lo siguiente:
Primero: Establecer los requisitos de inscripción y retención de una franquicia electoral y la participación en igualdad de condiciones en la CEE sin distinción ni clasificación alguna.
Segundo: Restituir el concepto de candidatos y partidos coaligados en respuesta a los reclamos ciudadanos de más opciones electorales.
Tercero: La CEE tiene la responsabilidad de atender con profusa rigurosidad la reestructuración del procedimiento del voto adelantado. Por lo tanto, la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVAA) tiene que contar con la participación de todos los partidos inscritos en absoluto balance electoral.
Cuarto: El vigente Código Electoral permite el destaque ilimitado de empleados de otras agencias gubernamentales en aspectos políticos electorales en la CEE. Aprovechándose de eso, el PNP, en control del gobierno, reclutó a 672, creando una enorme desigualdad con respecto a los otros partidos. Es imperativo limitar los destaques, como en el pasado, estableciendo un máximo de 50 por partido.
Quinto: Como respuesta al reclamo del pueblo de hacer campañas electorales más cortas y económicas, la radicación de candidaturas debe ser en el año electoral. Nada resuelve el mover la fecha de radicación de endosos como propone el PNP para luego decir que ya atendieron el asunto.
Sexto: La veda electoral de anuncios gubernamentales debe ser durante el cuatrienio, no solo en el año electoral. La ciudadanía agradecería el ahorro de millones en fondos públicos.
Séptimo: Es necesario eliminar el poder absoluto del presidente de la CEE en los asuntos neurálgicos de la toma de decisiones administrativas. Tal injerencia sin fiscalización alguna impide que un comisionado electoral pueda reclamar que algún acto de ilegalidad sea investigado.
Los bochornosos acontecimientos en las pasadas elecciones podrían ser señal de una enorme fisura en la institucionalidad de nuestro ordenamiento electoral. Sin embargo, los resultados electorales insuflan esperanza, pues presentan una nueva coyuntura política que obliga a reclamar el consenso y la pluralidad por el bien del sistema electoral de Puerto Rico.
Por: Roberto Iván Aponte Berrios
Comisionado Electoral, Partido Independentista Puertorriqueño
Columna publicada originalmente en El Nuevo Día